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En los últimos años, Ecuador ha enfrentado una escalada sin precedentes en violencia criminal, con índices de homicidios que superan incluso a los de países tradicionalmente conflictivos. Las estadísticas de 2023 y 2024 reflejan el crecimiento de estructuras delictivas transnacionales que han hecho del país un punto estratégico para el tráfico de drogas, particularmente cocaína, hacia los mercados de consumo de Norteamérica y Europa. Frente a esta crisis, la relación entre Ecuador y Estados Unidos ha cobrado nueva fuerza, generando interrogantes sobre la soberanía, la cooperación internacional, el rol de las Fuerzas Armadas, y los límites del Derecho Penal transnacional.
Desde el contexto geopolítico y coyuntural del narcotráfico, Ecuador ha sido considerado un país de tránsito para las drogas producidas en Colombia y Perú. Sin embargo, desde 2020, las mafias locales han evolucionado y generado alianzas con carteles mexicanos (como el Cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación) y bandas albanesas. Las bandas ecuatorianas como Los Choneros, Tiguerones, Lobos y otras, han pasado de ser meros intermediarios a actores con poder armado y económico. El uso de puertos como el de Guayaquil ha permitido una operación logística eficiente y difícil de controlar.
Como estadística clave, Ecuador cerró 2023 con más de 200 toneladas de cocaína incautadas, una cifra récord. Los homicidios intencionales superaron los 8.000 casos en 2023, muchos relacionados con ajustes de cuentas entre bandas. En 2024, el presidente Daniel Noboa declaró el estado de excepción y la existencia de un conflicto armado interno contra 22 organizaciones terroristas. En 2025, se formalizó una cooperación con EE.UU. que incluye asistencia militar, inteligencia y apoyo logístico.
Uno de los puntos más controversiales ha sido el retorno de personal militar estadounidense bajo el argumento de lucha contra el narcotráfico. Si bien Ecuador prohibió bases extranjeras en su territorio a través del artículo 5 de la Constitución de Montecristi de 2008, el gobierno ha justificado la presencia como asistencia técnica y operativa temporal. Esta situación genera un debate constitucional, pues, aunque no se trate formalmente de una “base”, la permanencia de tropas armadas o personal extranjero con funciones operativas rompe con el principio de soberanía nacional. La cooperación entre Ecuador y EE. UU en la lucha contra el narcotráfico representa un camino inevitable, pero debe transitarse con estricta vigilancia constitucional, jurídica y ciudadana.
Ecuador vive uno de los momentos más delicados de su historia reciente. La presión internacional, la amenaza del crimen organizado y la fragilidad institucional demandan respuestas urgentes, pero también jurídicas, ponderadas, que no comprometan el futuro democrático del país.
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